Dicen los investigadores que los dueños de la droga nunca la tocan. Si se cumple esa máxima, Carlos Silla no es más que un eslabón en la cadena de la red de tráfico de cocaína más activa que operó en las Rías Baixas (al Noroeste de España) hasta 2021. El vecino de Vilagarcía de Arousa estaba convencido de que su caída en altamar, fruto de una operación liderada en España por el Greco Galicia de la Brigada Central de Estupefacientes, se produjo por un error ajeno a su pericia. Siempre empleó la última tecnología para comunicarse y, aunque las autoridades le atribuyen viajes con toneladas de cocaína (no uno, sino varios) entre Sudamérica y Europa, nada de eso ha podido acreditarse. Al menos por ahora.

En el momento en el que se sienta en el banquillo de los acusados de los tribunales de Lisboa por su implicación en el mayor alijo de cocaína en un velero de todos los tiempos (la citada operación de los Greco, saldada con la incautación de cinco toneladas), la Audiencia Provincial de Pontevedra prepara su agenda para el primer gran juicio contra los presuntos narcos gallegos de la nueva ola.Bajo el supuesto liderazgo del propio Silla, se acusa a un presunto grupo delictivo de intentar colocar unas 3,2 toneladas de polvo blanco a través de la ría de Arousa en dos embarcaciones neumáticas, a la antigua usanza, todo ello después de hundir el velero en el que la droga había cruzado el Atlántico, de nombre Benirrás, cerca de las costas de A Guarda. Aquella trepidante madrugada de finales de marzo de 2020, en pleno confinamiento, acabó con varios detenidos, pero no todos.

Faltaba el presunto patrón, que consiguió evadirse y que aún tendría tiempo para intentar un último baile a través del Océano, el del G-Siro. En Pontevedra, el fiscal Antidroga plantea que se le condene a 18 años de cárcel. En Portugal, el máximo al que se expone se eleva a doce. Su futuro inmediato será el cumplimiento de la pena que le impongan en Portugal y, entre medias, un traslado exprés a la ciudad del Lérez para comparecer por el caso del narcovelero fantasma.

Así bautizaron en su día Diario de Pontevedra y Narcodiario al Benirrás después de desvelar en primicia, primero, su hundimiento, y después, las imágenes del pecio, tomadas por el buque Ángeles Alvariño del Instituto Oceanográfico Nacional que, por orden del Juzgado de Cambados, lanzó al fondo su robot submarino en busca de pruebas fehacientes de que aquel barco era el que se buscaba.

La tecnología ayudó, en este caso, a los investigadores, que sospechaban que aquellos paquetes de cocaína decomisados en la ría de Arousa habían sido preparados para viajar en esa clase de embarcación. Los fotogramas tomados en el fondo confirmaron la “identidad” del velero, tanto por su estructura como por las letras que lucía en el exterior, incluso cuando llevaba meses sumergido.

La operación que se tradujo en la incautación del alijo tuvo su germen en una investigación conjunta entre el Grupo II de la Udyco de la Policía Nacional y el Edoa de la Guardia Civil, ambos de Pontevedra, que seguían los pasos de una red dedicada a la fabricación de narcolanchas. El fiscal Antidroga, Pablo Varela, reconoce en su escrito de acusación que “no ha sido posible identificar a todos los sujetos implicados en esta compleja actividad criminal”, pero asegura que fue descubierto “un esquema piramidal y especializado, de modo que las aportaciones individuales de los integrados en la actividad estructurada respondían a una función para el logro de un objetivo común”.

Sobre la participación de cada uno de los que sí pudieron ser identificados por los investigadores, el fiscal señala a Carlos Silla como quien “ha dirigido, sufragado y coordinado las labores guiadas a la disposición de las embarcaciones precisas para el desarrollo de la actividad criminal investigada, desde luego del velero Benirrás y de su embarcación auxiliar, preparadas desde el mes de enero de 2020 para la introducción de un cargamento de cocaína en nuestro territorio”.

El resto de encausados, nueve en total, estarían implicados en las tareas de preparación de las lanchas neumáticas empleadas para intentar entrar con la droga en la ría (movimiento frustrado por las citadas fuerzas policiales y Vigilancia Aduanera, que se unió en la parte final del operativo). Otros fueron detenidos in fraganti, saliendo del agua. Cayeron tres de los presuntos tripulantes del Benirrás y tres de una de las narcolanchas.

El narcovelero fantasma permaneció en el puerto de Portonovo entre diciembre de 2019 y febrero de 2020. En ese tiempo, Vigilancia Aduanera lo registró de forma minuciosa, pero no halló nada punible. Varela explica que durante esas semanas, otro de los acusados preparó el Benirrás para su trabajo ilícito en altamar.

El 27 de marzo de 2020, las lanchas se hicieron a la mar en busca de la droga, que recibieron frente a las costas de A Guarda. Allí comenzó la fase final de la operación, que acabaría frustrada en su mayor parte por las autoridades. Cierto es que huyeron los tripulantes de dos de las tres lanchas utilizadas (las que salieron de la ría y la auxiliar del Benirrás, que tocó tierra en el puerto guardés).

Sin embargo, los narcos perdieron toda la droga, que fue recuperada en aguas de la ría, en la playa y sobre una de las embarcaciones, según los casos, y se encontraron con una amplia labor investigadora que les implica en lo sucedido, ya no solo a los que fueron capturados in fraganti, sino a otros.

Entre los efectos incautados en los posteriores registros, además de una ingente cantidad de documentación, en especial en dispositivos móviles (teléfonos y pendrive) y distintas anotaciones, diversas cantidades de droga y miles de euros en efectivo, destacó el hallazgo de una factura a nombre de astilleros Facho, santo y seña de Sito Miñanco, cuya importancia en el desarrollo judicial de lo sucedido está por determinar.

En cuanto a las penas, el fiscal considera a Silla autor de un delito contra la salud pública de extraordinaria gravedad en atención a la cantidad incautada y al uso de embarcaciones, y le otorga la condición de “jefe o encargado” de la organización, por lo que solicita para él una condena de 18 años de prisión y una multa de 360 millones de euros.

En cuanto al resto, la acusación maneja idénticos delitos, aunque al entender que operaban al servicio del citado Silla, solicita para ellos penas de 13 años y medio y multa de 300 millones.

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