La AFP (Policía Federal de Australia) ha incautado propiedades, docenas de vehículos, efectivo y lingotes de oro, por un valor combinado estimado de $ 5 millones, sospechosos de ser ganancias del crimen luego de una investigación sobre una importación de cocaína a Sydney.

El Grupo de Trabajo de Confiscación de Activos Criminales (CACT, por sus siglas en inglés) dirigido por AFP solicitó la incautación de los activos, que incluyen tres propiedades en Nueva Gales del Sur, 47 vehículos, incluidos 31 autos clásicos, y lingotes de oro y plata por un valor aproximado de $ 676,000, en virtud de la Ley de Activos del Crimen de 2002 ( Cth).

La AFP alega que los activos están vinculados a un hombre de Sydney, de 46 años, que fue sentenciado a principios de este año a 11 años de prisión por importar 144 kg de cocaína a Sydney.

El comandante de la AFP, Stephen Fry, dijo que el CACT trabajó en estrecha colaboración con los investigadores criminales para identificar y restringir posibles ganancias del crimen para que pudieran tener el máximo impacto en el entorno criminal. “Los grupos del crimen organizado están motivados por la codicia y la intención de obtener ganancias ilícitas, por lo que trabajamos incansablemente con nuestros socios para interrumpir sus actividades delictivas y eliminar su riqueza mal habida”, dijo el comandante Fry.

“Las ganancias de las actividades delictivas también forman un círculo vicioso, ya que el dinero en efectivo y otros activos se utilizan para financiar la próxima importación de drogas o pagar el próximo cultivo o ayudar a los delincuentes a evadir la aplicación de la ley. La capacidad de las AFP para romper el ciclo y apoderarse de estas ganancias envía un fuerte mensaje a los delincuentes de que sus estilos de vida lujosos son una ilusión que inevitablemente desaparecerá después de que la policía llame a su puerta”.

Los fondos derivados de la venta de activos confiscados se colocan en la Cuenta de Activos Confiscados, que es administrada por la Autoridad de Seguridad Financiera de Australia en nombre del Commonwealth. Estos fondos pueden ser distribuidos por el Fiscal General para beneficiar a la comunidad a través de programas de prevención, intervención o desvío de delitos u otras iniciativas de aplicación de la ley en toda Australia.

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