El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional con sedes en Tijuana, Baja California, deben garantizar la seguridad de Ismael Zambada Imperial, el Mayito gordo, para que el integrante del Cártel de Sinaloa no sea maltratado, incomunicado o detenido de manera ilegal en suelo mexicano.

Un juez de Tijuana advirtió a las dos dependencias federales, quienes no han informado su cumplimiento a la suspensión de plano concedida de inicio al hijo de Ismael Zambada García, el Mayo, cuyo recurso fue promovido en previsiones a la posible deportación desde San Diego, California.

Si ambas delegaciones se niegan a obedecer, la autoridad judicial precisó que se ejercerá la acción penal correspondiente e, incluso, eso podría considerar un castigo contra el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y del Coordinador Estatal de la Guardia Nacional de Baja California.

Y es que el Mayito gordo ya fue beneficiado desde el pasado 26 de julio en términos jurídicos y con garantías básicas de trámite. Eso quedó determinado por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales de Tijuana.

De acuerdo con los registros del caso, el hijo del Mayo Zambada no debe ser incomunicado, maltratado, ni torturado. Tampoco tiene que enfrentarse a una retención con falta de sustento legal. Es decir, un posible arresto arbitrario o sin motivos sólidos que rayarían en la privación ilícita de su libertad.

“Se decreta la suspensión de plano para el efecto de que cesen de inmediato tales actos de autoridad, que el promovente aduce sufre”, apuntó en su momento el juez Carlos Gutiérrez López.

Áreas de la Fiscalía General de la República ya notificaron que están cumpliendo con esas protecciones en la medida de sus posibilidades. Entre esas divisiones están la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada; la Unidad Especializada de la Unidad de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Salud; así como la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.

Pero hasta el pasado 28 de julio, la autoridad judicial no tenía elementos para saber que la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración cumplen con lo que fue acordado para que no sea afectada la integración personal del Mayito gordo. De ahí que recibieron un ultimátum o pudiera haber consecuencias.

“Requiérase por última ocasión a las citadas autoridades responsables, para que de inmediato, informen el acatamiento a la suspensión de plano decretada en este asunto”, aseveró Gutiérrez López.

Se reitera a las responsables que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito en materia de amparo, tal como lo dispone el artículo 262, fracción III, de la ley de la materia, que de llegar a consumarse daría lugar al ejercicio de la acción penal en su contra

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