Trescientos soldados del Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Reggio Calabria, bajo la coordinación de la Fiscalía local – Dirección Distrital Antimafia, están realizando en la mañana de este jueves – con el apoyo de otros Departamentos de Cuerpo, en las provincias de Reggio Calabria, Vibo Valentia, Bari, Nápoles, Roma, Terni, Vicenza, Milán y Novara – medidas restrictivas de la libertad personal, dictadas por la Sección GIP del Tribunal de Reggio Calabria, contra 36 sujetos (34 en prisión y 2 bajo arresto domiciliario) involucrados en un tráfico internacional de sustancias estupefacientes agravado al servicio de la ‘Ndrangheta.

Al mismo tiempo, se adelantan allanamientos e incautaciones para ejecutar verdaderas medidas cautelares encaminadas al decomiso, incluso por su equivalente, de activos y disponibilidades atribuibles a los miembros de la organización, hasta un importe superior a 7 millones de euros, así como la totalidad del patrimonio social de empresas activas en el sector del transporte y utilizadas para la comisión de delitos. La operación bajo revisión constituye el epílogo de investigaciones complejas, en las que se incautaron más de 4 toneladas de cocaína por un valor minorista de aproximadamente 800 millones de euros, realizadas por el Grupo de Investigación del Crimen Organizado (GICO) de la Unidad de Policía Económica Finanziaria di Reggio Calabria, con la coordinación de la Dirección Distrital Antimafia de Reggio Calabria apoyada por Eurojust. La droga llegaba desde Sudamérica a través del puerto de Gioia Tauro. 

Las investigaciones, de hecho, a través del II Departamento de la Comandancia General de la Guardia di Finanza se llevaron a cabo con la colaboración de Europol y la DCSA, así como de la American Drug Enforcement Administration (DEA). En detalle – en el estado de los procedimientos y sujeto a evaluaciones posteriores sobre la determinación efectiva y definitiva de la responsabilidad – la operación permitió desmantelar una organización criminal articulada, activa dentro del puerto de Gioia, que habría garantizado tanto la recuperación de grandes envíos de estupefacientes – arribados a bordo de cargueros provenientes de América del Sur – así como el posterior almacenamiento en depósitos considerados seguros.

La organización, que habría asegurado la logística del narcotráfico como si fuera una verdadera empresa de servicios, se dividió en tres niveles distintos de sujetos involucrados: exponentes de las principales familias de la ‘Ndrangheta, capaces de garantizar la importación de los envíos de cocaína que llegaban desde América del Sur; coordinadores de los equipos de trabajadores portuarios infieles que habrían pagado al equipo con una parte de la comisión, que oscila entre el 7 y el 20% del valor de la carga, recibida de los clientes (las donaciones reconstruidas ascenderían a más de 7 millones euros); operadores portuarios encargados físicamente de extraer la cocaína del contenedor contaminado y proceder a su exfiltración a lugares seguros. La actividad permitió detectar la organización detallada de los narcotraficantes, quienes generalmente se comunican con celulares encriptados.

Habiendo tenido la disponibilidad del mismo, el equipo de estibadores a sueldo de la red criminal disponía los contenedores preñados en una zona segura, específicamente identificada, para permitir su apertura y, por tanto, trasladar el estupefaciente a un segundo contenedor (normalmente indicado por los sospechosos). La recogida, en las horas siguientes, se realizaba por un transportista conforme que transportaba la carga al lugar indicado por los responsables de la organización. Es precisamente la reconstrucción de la compleja fase de movimiento de los contenedores dentro del puerto lo que habría permitido desvelar el método utilizado por los estibadores para el trasbordo de la droga, al que ellos mismos denominaron sistema puente. En concreto, una vez identificada la zona de descarga apta para tal fin, se procedía a posicionar el contenedor contaminado frente al contenedor de salida, dejando entre ambos sólo la distancia necesaria para la apertura de las puertas para el movimiento de las mercancías ilícitas. Por encima de los dos contenedores, por tanto, se colocaba un tercero, denominado puente, con el objetivo de ocultar, incluso desde arriba, los movimientos en la zona de abajo. Una vez habilitada la zona, para no despertar sospechas, los corruptos empleados portuarios llegaban al lugar de operaciones, escondidos dentro de un cuarto contenedor, que era colocado en la misma fila donde se había instalado la estructura.

Finalmente, para evitar que sujetos ajenos a los hechos entorpecieran las operaciones ilícitas, a los costados de la fila de contenedores donde se construyó el puente, se colocaban dos pórticos (vehículos especiales utilizados para el manejo de contenedores), conducidos por los sospechosos para impedir el acceso y vigilar, desde arriba, la posible llegada de la Policía. Una vez finalizadas las operaciones, se aplicaban precintos falsificados a los contenedores. Al que venía de Sudamérica, enviado por la misma organización proveedora y escondido dentro de uno de los paquetes que contenían la droga, se le colocaba un sello de «clon», mientras que al contenedor de «salida», preparado por el equipo criminal, se le colocaba un sello falso para la recuperación del estupefaciente.

Además, la participación de un miembro de la Oficina Antifraude de la Agencia de Aduanas y Monopolios de Gioia Tauro (beneficiario de una medida cautelar en prisión), quien – para facilitar la organización criminal investigada – explotando sus tareas como parte de la controles de inspección previstos, habría alterado el resultado de la exploración de rayos X practicada a un contenedor que contenía 300 kg de cocaína, oscureciendo las anomalías encontradas y certificando la concordancia de la exploración con la carga declarada. Por esta conducta, el aduanero habría obtenido una suma de dinero equivalente al 3% del valor de la carga ilícita. Las investigaciones también permitieron identificar a los sujetos responsables del diseño y ejecución de un importante tráfico de América del Sur a Calabria, cada uno alrededor de 2 toneladas de estupefaciente.

En una ocasión, para evadir los controles, los calabreses habrían ideado y solicitado formas específicas de ocultar el estupefaciente a los proveedores colombianos, enviando esquemas reales en los que se sugería la distribución ponderada de la carga, a través de la representación del contenedor, con la disposición de la ocultación de cuatro bloques de cocaína dentro de cada caja individual de la carga de tapa (plátanos), con excepción de la primera y última fila de cajas, para no ser contaminadas, ya que son más fáciles de inspeccionar. El cargamento, compuesto por unos 1.920 bloques de cocaína, que debería haber eludido los controles realizados con el uso del escáner, fue, sin embargo, interceptado e incautado por los Financieros.

Entre los sujetos implicados se encuentran cuatro narcotraficantes internacionales, dos originarios del cinturón jónico de Reggio y dos de origen Campania, de los cuales uno, de absoluta trascendencia criminal, fue expulsado recientemente de un país de Oriente Medio por hechos similares. La actividad de servicio que se examina atestigua la acción constante y eficaz de la Guardia di Finanza y del Ministerio Público – Dirección Distrital Antimafia en la lucha contra el narcotráfico internacional, también en marcha, dado el alcance transnacional del fenómeno, con la cooperación sinérgica de los principales organismos nacionales e internacionales encargados de combatir este delito.

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