Las dádivas a cambio de favores entre delincuentes y funcionarios son tan antiguas como el propio Estado y siguen muy presentes en nuestros días. El último ejemplo conocido (y juzgado) en la Audiencia Provincial de Pontevedra (Galicia, España) tuvo como protagonista a un agente de la Guardia Civil que, desde su destino en el puesto de Salvaterra do Miño, en el que permaneció entre 2018 y 2021, será expulsado del cuerpo tras confesar que recibía cocaína de forma habitual de manos de uno de los suministradores de esa zona del Sur de la provincia a cambio de facilitarle información sobre posibles controles de la autoridad que pudiesen perjudicar al camello.

El guardia, de 49 años y natural de Fornelos de Montes, reconoció expresamente los hechos que se le atribuyeron en aras de obtener una reducción de la pena. La Sección Cuarta, a instancias de la Fiscalía, evitó la celebración de un largo proceso bajo el sistema del jurado popular y le impuso una pena de tres años de cárcel, una multa de algo más de 2.100 euros y una inhabilitación para empleo público (que incluye la profesión de Guardia Civil) durante nueve años, lo que, a efectos prácticos, supondrá su expulsión del cuerpo cuando así lo dictamine el Ministerio del Interior.

Como hechos probados, el tribunal destaca que el agente, «prevaliéndose de su condición de guardia civil», consiguió que el citado camello «le suministrase regularmente cocaína para su propio consumo sin mediar pago económico alguno por ello, entregando, a cambio de las sustancias estupefacientes, información sobre el establecimiento de los controles policiales y de los horarios de las patrullas de la Guardia Civil, facilitando, con ello, que pudiese vender estupefacientes con cierta impunidad». La causa fue dirigida por el Juzgado de Instrucción 3 de Ponteareas, competente en Salvaterra do Miño. La Sección Cuarta de la Audiencia de la ciudad de Pontevedra, redactora de la sentencia, señala que el dictamen suscrito por conformidad del investigado tiene carácter firme.

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