Hacinamiento, colchones en el piso y un solo baño. Esas son las condiciones en las que vivían los internos en al menos una de las comunidades terapéuticas de “La Razón de Vivir”. Así lo revelaron fuentes oficiales a Clarín, en medio de la investigación judicial y el revuelo mediático que desató la causa por la cual fue detenido el conductor Marcelo “Teto” Medina, además de otras 16 personas acusadas de explotación laboral y reducción a la servidumbre.

Las instalaciones donde se alojaban los pacientes en el centro ubicado en Florencio Varela, uno de los que fueron allanados, presentaban condiciones deplorables, descuidadas y venidas abajo.

“Estaban hacinados. Contaban con un solo baño, el agua caliente para ducharse no duraba más de un minuto y había colchones en el piso, pegados uno al lado del otro. Incluso, dormían dos personas en uno”, señalaron fuentes oficiales a Clarín.

El lugar, que no tiene ningún tipo de habilitación por parte de las áreas de fiscalización de Salud de la Provincia, “era un espanto”, contaron otras fuentes cercanas al caso. Parte de la comida que consumían los internos estaba en estado de putrefacción. La infraestructura edilicia estaba descuidada y los pacientes tenían la ropa sucia.

“No tenían asistencia psicológica ni ningún tipo de archivo para identificarlos. A muchos, les sacaban el DNI cuando ingresaban a la clínica de rehabilitación dirigida por Néstor Zelaya”, confirmó una fuente de la investigación.

Traslados y derivaciones

Según confirmó a este diario el fiscal Diego Ichazo, la Justicia investiga hasta ahora nueve denuncias por maltrato. Hay un décimo caso, pero la persona está aún en un estado de mucha vulnerabilidad como prestar declaración.

El Ministerio de Salud de la Provincia le dijo a Clarín que los pacientes que estaban alojados en las sedes allanadas de “La Razón de Vivir” fueron trasladados a centros de referencia nacionales y provinciales de la zona de las sedes allanadas y cerradas. Siempre de forma voluntaria, ya que la Ley Nacional de Salud Mental establece que las personas con padecimientos psiquiátricos y/o adicciones no pueden ser internadas contra su voluntad, salvo en caso de riesgo cierto o inminente para sí o para terceros.

Las derivaciones se efectuaron a diferentes espacios conforme al proceso, evaluación psicológica y lugar de residencia de cada uno de los internos. El operativo fue centralizado por la Sedronar, con la cooperación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

En esta tesitura, algunos pacientes fueron alojados en espacios de la Sedronar. Otros fueron retirados por el Ministerio Público para derivarlos a sus respectivas provincias de residencia.

Pero hasta la noche del viernes todavía quedaban 20 personas dentro de la comunidad terapéutica de Florencio Varela. En total, se presume que eran entre 50 y 55 los internados.

“A sus familiares les cobraban entre 25.000 y 40.000 pesos mensuales por la internación”, comentaron fuentes del caso. Aun así, durante el allanamiento del jueves se presentaron algunas familias que defendieron a “La Razón de Vivir” y su modalidad de trabajo, y se manifestaron para que no cerraran el centro terapéutico.

Del grupo que la fiscalía derivó a la Sedronar (que tiene una red de más de 800 dispositivos con lugares ambulatorios, de internación y comunitarios y casas convivenciales) ninguno de los pacientes requiere de internación. Pero todos atravesaron un chequeo médico y algunos habrían radicado denuncias por maltrato.

La irrupción de los efectivos policiales en medio de los allanamientos alteró los ánimos entre los internados, que estuvieron nerviosos durante varias horas, sin entender qué pasaba. Fuentes vinculadas con el caso señalaron que “algunos se escaparon, pero se desconoce el número porque no había registros de nada”.

Por admin

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.