Tras la detención de Jesús Murillo Karam fueron libradas 83 órdenes de arresto contra militares, policías y otros agentes, además de criminales que intervinieron en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, pero usuarios en redes recordaron otros posibles objetivos en la cadena de mando operativo y político, entre ellos Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad en la Ciudad de México.

En septiembre de 2014, cuando ocurrió el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala de la Independencia, García Harfuch era comisionado de la Policía Federal en el estado de Guerrero. Ya llevaba cerca de cinco años en la corporación y 22 meses en la entidad donde sucedieron los hechos.

El jefe de la policía capitalina ha negado conocimiento y responsabilidades por el despliegue en que participaron policías federales, estatales, municipales, así como militares y marinos. Al momento de la desaparición de los jóvenes dijo que estaba comisionado en Michoacán, pero después formó parte de la Agencia de Investigación Criminal, donde no cuestionó ni buscó responsables por la derrumbada verdad histórica.

Pues esa versión se constituyó desde la entonces Procuraduría General de la República (PGR) que encabezaba Murillo Karam, quien quiso dar carpetazo al asunto afirmando con testimonios obtenidos bajo tortura que, los normalistas fueron quemados en un basurero de Cocula, cuyos restos arrojaron al río San Juan, según acreditaron expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para brindar asistencia técnica internacional en las indagatorias.

Además de todo eso, García Harfuch fue implicado por un testigo como agente sobornado por Guerreros Unidos, el grupo que desapareció a los estudiantes. El funcionario ha justificado y rechazado cualquier implicación en el caso, pero es cuestionado por familiares de los normalistas, porque actualmente no hay intereses que lleven a esclarecer si tuvo algo qué ver en el crimen de Estado. Mientras tanto siguió y permanece en cargos de relevancia.

El actual secretario de Seguridad capitalina manifestó en declaraciones ante la PGR que fue nombrado Coordinador Estatal de la Policía Federal en Guerrero desde el 12 de febrero de 2013, encargado de vigilar las vías federales de comunicación, atender accidentes o imponer infracciones vehiculares.

Según el expediente y documentos verificados por Infobae México, García Harfuch fue impreciso, porque en 2017 señaló que el cargo en Guerrero lo ocupó desde el 18 de diciembre de 2012, es decir, casi dos meses antes de la fecha indicada en su comparecencia como “testigo” el 25 de abril de 2016, cuando había pasado un año y siete meses desde la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Este medio consultó con el equipo del secretario, quienes aclararon que se trataba de una cuestión administrativa. En su momento, se explicó que el nombramiento fue hasta 2013, pero el funcionario ya se encontraba en la entidad casi tres meses antes, de ahí la diferencia en las fechas. Sin embargo, el comienzo en sus operaciones no fue tan relevante como lo que hacía en la llamada Noche de Iguala.

García Harfuch ofreció pruebas documentales para acreditar que él no estaba en la región por esas fechas que implican el 26 y 27 de septiembre de 2014. En los oficios que apoyan su versión se indica que estuvo en funciones en Guerrero hasta el 7 de septiembre de 2014, pues fue notificado que debía ir a una comisión de apoyo a Michoacán desde el 8 de septiembre del mismo año y hasta nueva orden.

De acuerdo con su declaración , al ser comisionado a Michoacán dejó en el cargo a José Antonio Cabrera Méndez para suplir las funciones en la coordinación estatal de la Policía Federal en Guerrero, por lo cual no tenía mayores elementos o conocimiento de lo investigado en el caso Ayotzinapa.

“Recibí la instrucción superior de apoyar a la División de Gendarmería en la puesta en marcha de sus operaciones iniciales, por lo que me trasladaré a partir del día 08 de septiembre del año en curso y hasta nueva orden al Estado de Michoacán, con la finalidad de realizar actividades de carácter confidencial”, señala el oficio PF/DSR/CEG/2724/2014 consultado por este medio, donde García Harfuch le informa al comisionario general, Maelich Castilla Craviotto, sobre su comisión, aunque no detalla quién le ordenó ese traslado.

Ese documento, que forma parte del expediente, tiene sellos de recibido del 6 de septiembre de 2014, pero no de autorización. Enseguida se anexan dos oficios de comisión, por lo que se alcanza a notar están dirigidos a García Harfuch y firmados por algún mando estatal de Guerrero.

El primero de ellos indica que el traslado a Morelia, Michoacán, será “en cumplimento a instrucciones superiores vía telefónica” (no dice de quién), durante el periodo que va del 8 al 22 de septiembre (fechado en Acapulco el día 7). Ya en el segundo oficio señala que tiempo se extenderá del 23 al 7 de octubre (también fechado en Acapulco pero el 23), en cumplimento a instrucciones vía telefónica del comisionado general Enrique Francisco Galindo Ceballos.

Cabe destacar que el expediente también incluye un oficio girado al inspector general García Harfuch, el 23 de septiembre de 2014; en este se indica que estará comisionado en apoyo de la Gendarmería en Álvaro Obregón, Ciudad de México. A este punto debía presentarse el 23 de octubre del 2014.

Sin embargo, versiones consignadas y acreditadas por la periodista Anabel Hernández indicaron que, cuando un coordinador deja el lugar de adscripción, por vacaciones, enfermedad o comisión, el sustituto debe informar de las novedades diarias cada 24 horas y de las relevantes en tiempo real.

A decir de la reportera de investigación, la estrategia de García Harfuch fue darse instrucciones a sí mismo para deslindar responsabilidades, cuando debía ser un superior del comisionado quien pudo girar ese oficio a Castilla Craviotto y no el enviado.

Según investigaciones de Anabel Hernández, Luis Antonio Dorantes Macías envió, el 26 de septiembre de 2014, varios oficios girados a García Harfuch, referentes a movimientos de personal.

El funcionario también mandó reportes en tiempo real a la Coordinación Estatal Guerrero de la Policía Federal sobre los estudiantes y los hechos de aquella noche en Iguala. Además, giró documentos al coordinador estatal después de aquella fecha, por ejemplo, el 28 de septiembre.

Otro punto relevante es que, en su comparecencia, la PGR solo le hizo cinco preguntas, en las que García Harfuch señaló que conocía de la “problemática” focalizada en Iguala y su relación con el presidente municipal José Luis Abarca, en clara concordancia con la llamada verdad histórica.

Sobre Guerreros Unidos comentó que sí sabía de su existencia y de hecho, entre mil tres detenidos por acciones de personal a su cargo, estaban presuntos integrantes de esa organización. Ya en relación con los Rojos, mencionó que había logrado la detención de al menos cinco cabecillas, proporcionando nombres y alias.

Otro indicio que implicó a García Harfuch fueron otras hojas de papel. Su nombre apareció en una libreta que supuestamente pertenecía Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos. Esta agenda de contactos fue ocultada en un primer momento y también incluía el número como identidad de Leonardo Octavio Vázquez Pérez, exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero.

A finales de 2019, el expolicía federal dijo a la prensa que que mucha gente tenía sus datos y número de teléfono en la entidad, pero eso no significaban vínculos con el crimen organizado. En la libreta del líder delincuencial también se ubicaron ideas sueltas a las que no prestaron mayor atención.

Sin embargo, el 21 de enero de 2021 nuevamente se informó que un testigo colaborador identificado como Juan acusó a Omar García Harfuch de recibir 200 mil dólares mensuales de Guerreros Unidos. Supuestamente, el coordinador de la Policía Federal formaban parte de la nómina que incluía a militares y otros jefes policiacos.

En las declaraciones del presunto delincuente apuntó que el dinero era para permitir el trasiego de drogas. Juan añadió que García Harfuch brindaba información sobre posibles operativos. Además, facilitaba que se traficara heroína, dinero y armas.

El testigo también implicó al exsecretario Leonardo Octavio Vázquez Pérez e Iñaki Blanco, exfiscal de la entidad, como beneficiarios de 50 mil dólares mensuales. Las autoridades dieron importancia al testimonio de Juan, porque facilitó el hallazgo de algunos restos en puntos precisos. Además, dio sustento a que se libraran 18 órdenes de arresto contra 18 militares, entre ello, el capitán José Martín Crespo.

Cuando salieron a la luz las declaraciones del testigo colaborador, García Harfuch volvió a negar las acusaciones dolosas realizadas por el delincuente. Aseguró que en su carrera había combatido al crimen y para entonces, ya había sufrido una represalia del Cártel Jalisco Nueva Generación, como parte del riesgo de sus labores.

Mi trayectoria en el combate a la delincuencia organizada en distintos frentes habla por sí misma. No tengo nada que ocultar”, afirmó en un breve mensaje de Twitter.

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