Suprimieron 52 juzgados y atornillaron como jueces, fiscales y magistrados a oficiales del círculo de confianza de la anterior cúpula militarAdvierten que supuestas irregularidades y nepotismo politicen la Justicia Penal Militar y sirva para encubrir investigaciones de presunta corrupción o falsos positivos. ¿Por qué?

Mientras los colombianos observaban con asombro las revelaciones en torno a la cascada de decretos que el expresidente Iván Duque firmaba en sus últimos días de mandato para atornillar en notarías, ministerios y juntas directivas a personas de su círculo de confianza, algo similar sucedía en la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial (JPM).

En menos de ochos meses, esas ‘jugaditas’ en la JPM sacudieron a uno de los sistemas especiales de justicia que investigan y juzgan los delitos cometidos por soldados, suboficiales y oficiales en el cumplimiento del deber y el honor militar.

Esos fiscales y jueces conocen sobre la comisión de delitos que van desde lesiones personales, faltas graves y homicidios, hasta los que atentan contra la protección de la información y los datos.

O aquellos contra el patrimonio económico, la fe pública, la administración pública, la seguridad pública, la seguridad de la fuerza pública, la población civil, la existencia y la seguridad del Estado; la disciplina, el servicio, los intereses de la fuerza pública y el honor.

El asunto de fondo es que desde diciembre de 2021 y a pocas semanas de culminar el gobierno de Duque, tanto él como su ministro de Defensa, Diego Molano, y el director de la JPM, Fabio Espitia Garzón, firmaron una cascada de decretos, resoluciones y circulares para suprimir juzgados, fiscalías; trasladar jueces, fiscales y seleccionar magistrados dentro de esa rama judicial especial.

Lo llamativo de esos movimientos, muchos a última hora, es que, al parecer, beneficiarían a personas del circulo de confianza de los salientes generales Luis Fernando Navarro Jiménez (excomandante de las Fuerzas Militares) y Eduardo Zapateiro (excomandante del Ejército).

Varios de los oficiales afectados con esos movimientos denunciaron a Diario Criterio que esos cambios se estarían ejecutando en contravía del principio de meritocracia que rige al sector público, violando el derecho de paridad que exige la ley para brindarles las mismas oportunidades a las mujeres y hasta supuesto nepotismo.

Y lo que es peor, muchos temen que esas ‘jugaditas’ de última hora tengan como única finalidad anticipar una estrategia para cubrirse la espalda con fiscales y jueces amigos ante eventuales investigaciones.

 que esas ‘jugaditas’ de última hora tengan como única finalidad anticipar una estrategia para cubrirse la espalda con fiscales y jueces amigos ante eventuales investigaciones..

Sumado a lo anterior, entre las decisiones repentinas que se tomaron, aparece la famosa resolución 015 de junio de 2022, mediante la cual se les ordena a todos los jueces de la JPM trasladar los dineros de los depósitos judiciales en cuentas del Banco Agrario, a un fondo cuenta, pero bajo la responsabilidad de esa unidad.

El huracán Fabio Espitia

En el ojo del huracán de todos esos señalamientos sobre presunto nepotismo e irregularidades, aparece el nombre del director de la JPM, Fabio Espitia Garzón, quien llegó a la entidad en abril de 2021 y, pese al cambio de gobierno, aún sigue en el cargo.

Espitia es un reconocido funcionario que ha ocupado varios puestos del sector público, entre ellos, su encargo como fiscal general de la nación, en la era de Néstor Humberto Martínez.

En defensa de Espitia Garzón hay que reconocer que se trata de un abogado externadista que cuenta con especializaciones en derecho penal, criminología y criminalística; estudios de perfeccionamiento en derecho romano y doctorado en tutela jurídica de la persona, estos últimos, cursados en Italia.

También se desempeñó como vicefiscal, fiscal de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia; coordinador de la Unidad Delegada y conjuez ante ese mismo tribunal.

Sin embargo, todas esas credenciales y la excelente hoja de vida no han sido suficientes para evitar los señalamientos que jueces y fiscales le hacen en torno al presunto manejo que le viene dando a la JPM, en la que, al parecer, estaría defendiendo los intereses de algunos generales de la saliente cúpula militar.

¿Cambiar, para que todo siga igual?

Para entender la magnitud de lo que viene sucediendo, hay que aclarar que esa jurisdicción especial es gerenciada por la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial (JPM).

Orgánicamente, la JPM está integrada por juzgados (especiales, conocimiento, garantías y ejecución de penas), fiscalías delegadas en lo penal militar, un Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y un Tribunal Superior Militar y Policial. Este último lo integran seis magistrados de ternas que los comandantes de cada fuerza postulan y el presidente de la República selecciona.

La JPM cuenta con un consejo directivo que lo conforman los ministros de Defensa y de Justicia, el comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía Nacional y el presidente de la Corte Suprema de Justicia

Esa entidad que hoy se encuentra bajo los reflectores, es responsable de la organización, administración y funcionamiento de la Jurisdicción Especializada, con autonomía administrativa y financiera.

El artículo 44 de la Ley 1765 de 2015, explica que su objeto es garantizar la función jurisdiccional de investigar, juzgar y sancionar las “(…) conductas punibles cometidas por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el servicio (…)”.

Hasta antes de 2015, lo que existía era una dirección ejecutiva, apéndice del Ministerio de Defensa, pero a partir de ese año, se convirtió en Unidad Administrativa Especial, con autonomía funcional y presupuestal.

El espíritu de ese cambio (Dirección a Unidad Administrativa) era acabar con la incoherencia de ser una entidad que dependía operativa y económicamente de los funcionarios a quienes investiga y juzga dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, ahora ejerce con independencia del mando institucional.

Eso en el papel, porque en la práctica pareciera que esa independencia no ha sido garantía para evitar manejos discrecionales a la hora de designar a jueces, fiscales y magistrados en la JPM.

Por ejemplo, el pasado 29 de julio, a escasos nueve días de terminar el gobierno de Duque, el ministro de Defensa, Diego Molano, firmó la resolución 4874, mediante la cual destinó en comisión a cinco oficiales de la planta administrativa del Ejército, para que ocupen cargos dentro de la JPM.

Resolución 4874, Justicia Penal Militar.

Ese cambio de armas, como le llaman dentro de la institución cuando un oficial pasa de una especialidad a otra, además de apresurado genera dudas porque, al menos cuatro de esos oficiales designados, serían de las entrañas de los generales salientes Fernando Navarro Jiménez (excomandante de las Fuerzas Militares) y Eduardo Zapateiro (excomandante del Ejército).

De acuerdo con denuncias que hizo Carlos Varela, abogado defensor de derechos humanos, entre los designados hay exasesores de esos generales.

En ese listado que firmó el entonces ministro Molano Aponte, aparece el nombre de la teniente coronel Claudia Yolima Pedraza Guarín, muy cercana al general Zapateiro.

Ella es hermana del coronel Carlos René Pedraza Guarín, excomandante del Batallón de Servicios y Apoyo para el Combate (Baser) de la Décimo Sexta Brigada del Ejército Nacional, quien fue capturado como presunto responsable de delitos sexuales.

Según la Fiscalía, “los hechos investigados ocurrieron la madrugada del pasado 6 de marzo, en Yopal. El oficial, supuestamente, realizó actos indecorosos contra una subteniente, en una discoteca donde compartían varios uniformados. Luego, en el casino de la sede militar, la habría abusado sexualmente. La víctima fue encontrada desnuda y abandonada en una zanja”.
Los denunciantes de la JPM aclaran que, lo cuestionable no es que sean amigos de los generales, sino que llegaran a dichos juzgados, sin el debido proceso de meritocracia y pasando por encima de otros militares con más experiencia y que ya estaban en esos puestos.

Sobre ese presunto nepotismo, el director Espitia aclaró que él no es quien propone y selecciona a los oficiales que llegan a la JPM y que su función es de mero trámite, ya que las hojas de vida las sugiere el comandante de cada fuerza y quien selecciona es el ministro.

“Pero debo aclarar que esos cinco oficiales no le están quitando cargos a nadie, ya que esos juzgados y fiscalías no tenían titulares”, dijo a este medio el director Espitia.

En torno al presunto nepotismo por las hojas de vida que propuso el general Zapateiro y que varios de ellos serían oficiales de su círculo de confianza, Espitia enfatizó que, “ese es un aspecto que debe responder él”.

Las cifras de la JPM

En la actualidad, la JPM maneja un presupuesto de 70.000 millones de pesos. Para 2023 se proyectó que ese monto ascendería a 152.000 millones de pesos, de los cuales el 70 por ciento se destinará a gastos de personal.

Hasta 2021 en la JPM existían 273 despachos judiciales, entre juzgados de instrucción, conocimiento y fiscalías. Pero en la era del director Fabio Espitia Garzón, se suprimieron 52 juzgados que afectaron a todas las fuerzas: Armada, Ejército, Fuerza Aérea y Policía.

Muchos de esos juzgados están ubicados en zonas estratégicas del país y tenían casos sensibles que involucran a uniformados en toda clase de delitos, incluyendo aquellos que podrían ser catalogados como ‘falsos positivos’, para que sean asumidos por la justicia ordinaria.

Los afectados fueron juzgados y fiscalías localizados en Medellín, Bello, Carepa y Puerto Berrío (Antioquia), Cali y Buenaventura (Valle del Cauca), Barranquilla (Atlántico), Villavicencio (Meta), Cúcuta (Norte de Santander), Yopal (Casanare), Santa Marta (Magdalena), Montería (Córdoba), Corozal y Coveñas (Sucre), Honda (Tolima), Puerto Salgar (Cundinamarca), Mocoa y Puerto Asís (Putumayo), Florencia y Larandia (Caquetá), Bogotá y San Andrés, entre otros.

Al respecto, el propio Espitia explicó a este medio, que esas supresiones se hicieron a cero costos para la JPM y se tuvieron en cuenta varios criterios, entre ellos la carga de trabajo y la ubicación.

“Un informe reveló que la carga de trabajo para los juzgados de instancia era de apenas 22 procesos, 27 para las fiscalías y 95 procesos para los juzgados de instrucción, cuando en la justicia ordinaria, en promedio un despacho de instrucción maneja 1.500 procesos”, argumentó el director Espitia.

Sin embargo, los denunciantes alegan que, lo extraño es que suprimieron juzgados y fiscalías, pero paralelamente se vincularon 91 funcionarios para la planta administrativa, “y con sueldos exorbitantes”, aseguró una de las fuentes que pidió omitir su nombre para evitar represalias.

Frente a ese cuestionamiento, el director Espitia explicó que esos funcionarios eran necesarios porque la nueva estructura de la Unidad Administrativa Especial de la JPM, requiere de varias oficinas que no existían, “como la jurídica, planeación, control interno, comunicaciones y la escuela de formación”.

No obstante, llama la atención que, en la nueva estructura de la JPM, hayan olvidado fondear los recursos necesarios para el fortalecimiento de la entidad y los cargos administrativos que se requieren.

Es decir, pocos entienden que el Gobierno pretenda transformar la entidad sin aumentarle el presupuesto, sacando el dinero del bolsillo izquierdo, para meterlo en el derecho, “y en esa dinámica absurda, se están robando a la JPM”, aseguró uno de los jueces que ejerce en la costa Caribe.

¿Meritocracia o dedocracia militar?

Los requisitos para acceder a un cargo en calidad de juez, fiscal o magistrado de la Justicia Penal Militar, están claramente definidos en la Ley 1765 de 2015.

Existen grados mínimos como mayor, al igual que experiencia requerida en la Jurisdicción Especial, así como posgrados.

Y desde que se firmó esa ley, quedó claro que todo el proceso se haría de acuerdo con el criterio de meritocracia para proveer cargos públicos, tal como lo exige la Constitución.

Sin embargo, han pasado siete años de entrada en vigencia de esa ley y hasta la fecha no existe un cargo en propiedad dentro de la planta global de la JPM, que se haya asignado por meritocracia.

Por el contrario, en abril de este año el presidente Duque firmó el decreto 631 que reglamenta el procedimiento para integrar las listas para proveer los cargos en la JPM.

Lo increíble es que de un plumazo ese decreto le quitó fuerza a la meritocracia que rige con la Ley 1765 de 2015, al advertir que, la evaluación de las hojas de vida que haga el Departamento Administrativo de la Función Pública, “no otorgará puntaje alguno”.

Por cuenta de ese decreto que iría en contravía a una Ley, es que al parecer se vienen presentando casos insólitos como lo sucedido con la coronel Heidy Johanna Zuleta Gómez, juez 9 de conocimiento de la Octava Brigada con sede en Armenia (Quindío).

Pese a que ella cuenta con 23 años de experiencia dentro de la Justicia Penal Militar, seis especializaciones y dos maestrías, su nombre no ha sido tenido en cuenta para ser magistrada del Tribunal Superior.

“Esta es la hora que la dirección de la JPM aún no publica las hojas de vida con sus posgrados y experiencia, de los oficiales que han sido seleccionados, todos hombres, aunque a última hora corrigieron y metieron a una mujer en la terna, para disimular la violación al derecho de paridad. Para proveer esas magistraturas nunca se hizo una convocatoria pública”, dijo la jueza.

Sobre ese punto en particular, el director Espitia Garzón aclaró que, el tema del puntaje es algo simple de explicar: “Esto no es un concurso, sino un proceso de selección. No obstante, tengo que aclarar que los informes de función pública sí vienen calificados”.

Los denunciantes insisten en la ‘dedocracia’ como factor para designar los cargos y recuerdan un incidente muy particular en torno al futuro de 17 jueces y fiscales de la JPM, que están en curso de ascenso para el grado de teniente coronel.

Resulta que, a dos de esos oficiales de la Armada les terminaron su comisión como jueces en la JPM y los restantes 15, temen que les ocurra lo mismo, “nos saquen de los juzgados y fiscalías. A ellos no les importa que la mayoría tenemos décadas laborando en esos juzgados, solo les preocupa que, al tener el grado y la experiencia, por ley somos seleccionables para magistrados y podríamos quitarles el cupo a sus amigos”, dijo una de las fiscales a este medio.

Para el director Espitia, esos señalamientos no tienen fundamentos y recordó que él no designa, sino que tramita lo que ya está reglado en la ley, “en cuanto a los oficiales en curso de ascenso, tengo para decir que solo hemos cubierto aquellos juzgados que están acéfalos y en el caso de los dos jueces de la Armada, no fui yo quien pidió culminar esas comisiones”.

Espitia Garzón insistió en que, esa unidad no se puede dar el lujo de tener paralizados los juzgados mientras los oficiales encargados están en cursos de ascenso y recibiendo el salario como jueces. La escala salarial de ellos oscila entre 12 y 16 millones de pesos, dependiendo del despacho.

La suspicacia por los depósitos judiciales

Otra de las presuntas irregularidades que denunciaron los jueces y fiscales gira en torno al manejo de los dineros por concepto de depósitos judiciales de la jurisdicción de la Justicia Penal Militar.

Para ellos, es llamativo que a menos de seis semanas de culminar el gobierno del presidente Duque, desde la dirección de la JPM se emita una circular interna ordenando inventariar y entregar los dineros por depósitos judiciales, para que sean manejados a través de una cuenta ejecutiva.

Se trata de la circular interna 015 del 21 de junio de 2022, en la que el director Espitia, les ordena a sus jueces relacionar todos esos depósitos, con el fin de establecer la prescripción, los no reclamados y aquellos en condición especial.

El director Fabio Espitia aclaró que esa medida no fue de última hora, sino que se hizo en la medida que el Banco Agrario, donde están todos esos títulos, logró inventariar las cuentas.

Espitia Garzón aclaró que el manejo de esos dineros está reglado en el artículo 47 de la Ley 1765 de 2015, por lo tanto, no hay lugar a suspicacias y que la necesidad de unificar esos rubros surgió luego de descubrir que los 273 juzgados de la JPM tienen 647 cuentas judiciales abiertas, con 16.000 títulos por valor de 3.596 millones de pesos.

“Cerca del 50 por ciento de las cuentas estaban inactivas por falta de administración y control. No existe registro en la contabilidad de la constitución y operaciones de los títulos judiciales”, explicó Espitia.

Tal vez todos los cuestionamientos que jueces y fiscales les hacen a las directivas de la JPM tienen una explicación técnica y jurídica, pero nada de ello despeja la duda más simple y suspicaz ¿Por qué hacer cambios de última hora?

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