Pruebas científicas y tecnológicas incriminan a tres hombres en el asesinato de la enfermera y del taxista, cuyos cuerpos fueron calcinados.

Javier Ernesto Salinas Rivas se ganaba la vida como taxista de una plataforma digital. Uno de sus clientes, José Fernando Orellana Bernabé, quien luego se convertiría en su presunto verdugo, lo contrató para que le hiciera un viaje a Guatemala por el que le pagaría $500.

Como Javier trabajaba con vehículo rentado, necesitaba el permiso notarial del propietario para sacarlo del país.

Fue entonces que Javier le propuso a su amiga Iris Raquel Ramírez Delcid, una enfermera del Seguro Social, que hicieran el viaje en su auto porque así no habría ningún problema en sacarlo. Le ofreció darle $250 y él se quedaría con el resto. Ella aceptó la propuesta de Javier.

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La salida sería el 3 de enero pasado. Como Iris Raquel no estaba vacunada contra el Covid-19, a pesar de trabajar en el ISSS, ella se hizo la prueba antígeno en un hospital privado.

Las investigaciones fiscales determinaron que Javier conocía a Orellana Bernabé como Alex Hernández, apodado el Coyote, porque supuestamente llevaba personas a Estados Unidos.

En su ruta a la playa San Diego para recoger a Orellana, a su esposa y a un amigo; Javier e Iris pasaron a una gasolinera cercana a Zaragoza, La Libertad, para comprarles comida a los viajeros.

Las cámaras de video vigilancia captaron a los dos amigos en el supermercado de la gasolinera.

En una de las llamadas que recibió Iris de un familiar, ella le dice que se siente nerviosa porque no conoce a las personas a quienes se les haría el viaje. Fue entonces que la pariente le advierte que era conveniente que no fuera.

Los localizadores GPS de los teléfonos celulares de las víctimas y los tres sospechosos determinaron que los cinco estaban reunidos a las 11:31 de la noche del 3 de enero pasado en un rancho de la playa San Diego, La Libertad, y donde se presume que los asesinaron.

Casi media hora antes, Javier le envió una selfie a un amigo en el que aparece junto a Iris Raquel. Lo que llamó la atención de los fiscales es que los ladrillos de la pared que aparece en la foto son los mismos del rancho que fue allanado por el ente fiscal.

“Los hechos que estoy narrando nos lleva a concluir que tanto los acusados como las víctimas estuvieron en ese lugar del referido día (3 de enero)”, dijo Carlos Herrera, jefe fiscal de San Marcos en su intervención en la primera audiencia contra los cinco acusados de asesinar a Javier Salinas y a Iris Raquel.

En el registro que hizo la Fiscalía al rancho se encontraron los zapatos negros deportivos que andaba Javier el día de su desaparición, depósitos para gasolina. La prueba de luminol reveló rastros de sangre en el sitio.

“Lo que nos llama la atención de este caso es el desprecio de esta gente (imputados) hacia los seres humanos”, dijo el fiscal Herrera.

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Una fiscal dijo en su intervención que los imputados ya habían planificado hacer llegar a las víctimas hasta el rancho para asesinarlas. Los fiscales del caso señalaron a Orellana Bernabé como el principal implicado porque él fue el que “manejó y tuvo el control de los hechos”.

Tras escuchar las evidencias de la Fiscalía en la primera audiencia, la jueza Antimafia de Instrucción A de San Salvador, Lucila Fuentes ordenó que José Fernando Orellana Bernabé, Julio César Hernández Rivera, David de Jesús Rivera Pérez, Edith Morena Sibrián de Álvarez y María Ángela Orellana Iraheta; se mantengan en detención preventiva.

Julio César Hernández Rivera, José Fernando Orellana Bernabé, David de Jesús Rivera Pérez y dos personas más acusados del doble homicidio de Iris Raquel Martínez y Javier Ernesto Salinas Rivas. Foto EDH / Jonatan Funes

Las pruebas científicas y tecnológicas presentadas por la Fiscalía fueron determinantes para que la jueza resolviera de esa manera. “Sigo con la incertidumbre de la causa de la muerte y con la incertidumbre del móvil. Espero se aclare en esta fase de instrucción”, dijo la jueza.

La autopsia reveló que las víctimas murieron calcinados y que sus cuerpos tenían un 94.5 por ciento de carbonización.

“Cuando veo este tipo de muertes, solo se me refleja la crueldad como matan los cárteles de droga. A veces son mensajes cuando matan de esa manera… ¿Qué es lo que hay en el trasfondo de este caso”, dijo la jueza.

Las investigaciones revelaron que los acusados les habrían robado los celulares a las víctimas y $50 a Iris Raquel. El auto de ella aún no ha sido localizado.

El defensor de los cinco acusados aseguró que las evidencias presentadas por la Fiscalía son “elementos periféricos” que no demuestran la participación de sus defendidos en los hechos.

También los imputados se defendieron de las acusaciones fiscales al coincidir en decir que “no tienen nada que ver con lo sucedido”.

La desaparición de Iris, enfermera del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y su amigo Javier fue reportada el 03 de enero pasado. Foto EDH / Cortesía

Jueza niega reserva total al proceso judicial

La Fiscalía General pretendía que al proceso judicial de los asesinatos de la enfermera Iris Raquel Ramírez y del taxista de plataforma digital se le decretara la reserva total.

Una de las justificaciones que presentaron los fiscales es que una de las víctimas era mujer y la protección que se merece la familia de las víctimas. Los familiares reciben tratamiento psicológico porque se han visto bastantes afectados por los hechos ocurridos, según una fiscal.

“Hacíamos énfasis que hay ofendidos, hay personas dolientes y ustedes saben que de alguna forma recibir la noticia vuelve al dolor de los ofendidos”, dijo Carlos Herrera, jefe de la oficina fiscal de San Marcos.

La jueza Antimafia de Instrucción A de San Salvador, Lucila Fuentes les pidió a los fiscales que le fundamentaran el propósito de la reserva total del proceso.

Señaló que el hecho de que haya una mujer como víctima de este caso no es una causal para fundamentar la medida prohibitiva de publicitar el proceso judicial conocido como Calcinados.

“No es porque hay una mujer como víctima es que se va a dar la reserva total, porque hay miles de mujeres que han sido víctimas…Fundamenten la reserva y con gusto la decreto”, dijo la jueza Fuentes.

Además la jueza les sugirió a los fiscales que voltearan a ver hacia atrás de ellos, donde estaban los periodistas y les dijo que los medios de prensa “reflejan el control del pueblo sobre la labor que realizamos nosotros los jueces al administrar justicia”.

Tras los argumentos expuestos por la juzgadora, los fiscales desistieron de solicitar la reserva total del proceso judicial.

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